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Excélsior
El presupuesto desnuda lo que ha dado en llamarse la feudalización de la política mexicana: la entronización de los gobernadores como factótum. Ya sabíamos que dentro de sus estados hacen lo que les viene en gana. Ahora sabemos que también a nivel federal pueden imponer su voluntad.
El movimiento por la anulación del voto fue más importante de lo que muchos creen. Más allá de sus aciertos tácticos y sus errores estratégicos, se trató de un despertar ciudadano que nadie debe subestimar. Midió y captó buena parte de la inconformidad para con los partidos políticos y los hizo preocuparse un poco de su alejamiento de la sociedad. El problema es que esa incipiente preocupación se desvaneció tan pronto pasaron las elecciones. Y es que los anulistas no lograron organizarse justamente para eso, para los tiempos poselectorales en los que iban a perder su poder coyuntural. En este espacio les sugerí que se unieran y formaran un núcleo más grande y permanente, con una plataforma común y objetivos de largo plazo, a fin de que se erigieran en referente social y pudieran ejercer la presión necesaria sobre la partidocracia; coincidían en una agenda básica: candidaturas independientes, reelección consecutiva de legisladores, disminución del gasto político electoral, referéndum, plebiscito e iniciativa popular. No lo hicieron. A la fecha, ninguno de esos puntos está en las prioridades de los grupos parlamentarios.Quizá no estoy bien informado, pero creo que el anulismo se dispersó. Aunque veo grupos aquí y allá, primordialmente en la red, no los veo articulados con la presencia que alcanzaron cuando propusieron anular el voto. Y eso me parece muy lamentable. No porque haya estado de acuerdo con la estrategia anulista —en su momento expresé mis discrepancias y mis razones para votar por los candidatos del PRD— sino porque coincidí con su propósito de inyectar a nuestro sistema político una dosis de ciudadanización. Una democracia representativa no puede existir sin partidos, pero una democracia participativa exige mecanismos que exceptúen la intermediación partidaria en aras de acciones sociales directas. Se trata de una suerte de bypass que contrarresta el bloqueo de las arterias que comunican a la sociedad con los partidos e incentiva a los representantes a acercarse a los representados.
Hoy observamos una prueba más de la urgencia de esa inyección. La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos desnudan lo que ha dado en llamarse la feudalización de la política mexicana: la entronización de los gobernadores como factótum. Ya sabíamos que dentro de sus estados hacen lo que les viene en gana, porque no tienen contrapesos funcionales. Ahora sabemos que también a nivel federal pueden imponer su voluntad. No sólo controlan sus congresos locales, sino que también controlan en buena medida el Congreso de la Unión. Ganaron en las asignaciones presupuestales, lo cual no es necesariamente malo, pero también ganaron en discrecionalidad, lo que sí es terrible. La opacidad y la deficiente rendición de cuentas con las que antes manejaban el dinero ahora serán mayores. Y esto ocurre en vísperas de un año electoralmente crucial. No es casualidad que los estados con elecciones en 2010 hayan presionado exitosamente por más recursos: son para financiar programas sociales con criterio de rentabilidad electoral o de plano operativos electoreros que les acarrearán más votos.
Queda claro, pues, que la transición democrática a nivel nacional está trunca y que a nivel estatal ni siquiera ha comenzado. ¿Cómo se va a democratizar a los estados, cómo va a reanudarse la democratización de México? ¿Quiénes van a acotar a los nuevos señores feudales? En las entidades federativas, salvo honrosas excepciones, los poderes Legislativo y Judicial no han conseguido contrapesar al Ejecutivo y los presidentes municipales suelen estar sojuzgados. La pluralidad partidista expresada en las urnas no ha frenado a los gobernadores, como frenó al Presidente de la República, y en consecuencia no se ha traducido en equilibrio político. La razón es obvia: los partidos de oposición estatales son vulnerables a los intentos de manipulación gubernamental precisamente porque los gobiernos de los estados tienen zanahorias y garrotes que pueden usar sin cortapisas. En semejantes circunstancias es la sociedad organizada por cauces distintos a los de la partidocracia, los de esa democracia participativa a la que me he referido, la que puede hacer la diferencia.
El impulso del anulismo debe retomarse en el plano nacional pero, sobre todo, en los escenarios locales. Las demandas de participación ciudadana al margen de los partidos sería sólo el comienzo. Porque lo que a mi juicio México pide a gritos es la energía y la frescura de una movilización social moderna y propositiva, capaz de enarbolar después otras causas. Un movimiento de esa naturaleza es menos ordenable pero también más inasible y, en consecuencia, menos susceptible de cooptación. Ahí puede estar el antídoto contra el feudalismo que amenaza no sólo con impedir la reactivación de nuestra transición sino con revertir sus avances. Todo es cuestión de que los ex anulistas se reorganicen con generosidad, sin sucumbir a la epidemia de mezquindad que nos azota.
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